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Proyectos presentados por Julian Obiglio

Publicidad oficial en campaña

PROYECTO DE LEY

Artículo 1°: Modifícase el artículo 64 quater de ley 19.945 (t.o. 1983), el que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 64 quater: Publicidad oficial. Queda prohibida la emisión, publicación o difusión de toda publicidad oficial durante los quince (15) días previos a la fecha fijada para la celebración de una elección primaria, abierta, simultánea y obligatoria, elección general o consulta popular, con las siguientes excepciones:

1) Las que tengan por objeto exclusivo difundir normas o información objetiva, imparcial e imprescindible para el desarrollo del acto comicial o de consulta popular.

2) Las que tengan por objeto exclusivo difundir información objetiva, imparcial e imprescindible para la salvaguarda de la vida, la salud o la seguridad de la población, o para la prestación de servicios públicos esenciales.

En cualquiera de los dos casos enumerados, la publicidad oficial deberá ser previamente aprobada y autorizada por la Junta Nacional Electoral del distrito correspondiente. La decisión será apelable dentro del plazo de 48 horas, por cualquier interesado, por ante la Cámara Nacional Electoral. El recurso será concedido con efectos suspensivos.

Los medios de difusión oral, escrita y televisiva no podrán publicar, difundir o propalar anuncios o avisos oficiales que no sean acompañados de la autorización previa concedida por la respectiva Junta Nacional Electoral.

A los fines del presente artículo se entenderá por publicidad oficial a todo mensaje, comunicación, anuncio o espacio solventado con fondos del Sector Público Nacional definido por el artículo 8° de la ley 24.156, en cualquier medio de comunicación y en cualquier soporte.

Queda prohibido durante los quince (15) días anteriores a la fecha fijada para la celebración de una elección primaria, abierta, simultánea y obligatoria, elección general o consulta popular, la realización de actos inaugurales de obras u otros emprendimientos públicos, la presencia y participación activa de candidatos a cargos públicos electivos o funcionarios públicos en actos inaugurales privados, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos o programas de alcance colectivo y, en general, la realización de todo acto de gobierno que pueda promover la captación del sufragio a favor de cualquiera de los candidatos a cargos públicos electivos nacionales.

Artículo 2°: Modifícase el artículo 52 de ley 19.945 (t.o. 1983), el que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 52. Atribuciones. Son atribuciones de las Juntas Electorales;

1. Aprobar las boletas de sufragio.
2. (Inciso derogado por art. 103 de la ley 26.571 B.O. 14/12/2009)
3. Decidir sobre las impugnaciones, votos recurridos y protestas que se sometan a su consideración.
4. Resolver respecto de las causas que a su juicio fundan la validez o nulidad de la elección.
5. Realizar el escrutinio del distrito, proclamar a los que resulten electos otorgarles sus diplomas.
6. Nombrar al personal transitorio y afectar al de la secretaría electoral con arreglo a lo dispuesto en el artículo anterior.
7. Aprobar previamente las publicidades oficiales o mensajes de interés público a los que se refieren los artículos 64 quater, incisos 1° y 2°, de la presente ley y el artículo 76 de la ley 26.522, o la integración de la cadena nacional o provincial de radiodifusión en los casos previstos en el artículo 75 de la ley 26.522.
8. Realizar las además tareas que le asigne esta ley, para lo cual podrá:

a) Requerir de cualquier autoridad judicial o administrativa, sea nacional, provincial o municipal, la colaboración que estime necesaria;
b) Arbitrar las medidas de orden, vigilancia y custodia relativas a documentos, urnas, efectos o locales sujetos a su disposición o autoridad, las que serán cumplidas directamente y de inmediato por la policía u otro organismo que cuente con efectivos para ello.

9. Llevar un libro especial de actas en el que se consignará todo lo actuado en cada elección.

Artículo 3°: Modíficase el artículo 133 bis de ley 19.945 (t.o. 1983), el que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 133 bis. Publicidad de actos de gobierno. Los funcionarios públicos que realizaren, autorizaren o consintieren actos en violación de las prohibiciones establecidas en los artículos 64 quater de la presente ley o los artículos 75 y 76 de la ley 26.522, serán pasibles de inhabilitación de uno (1) a diez (10) años para el ejercicio de cargos públicos.

Artículo 4°: Modifícase el artículo 75 de la ley 26.522, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 75. Cadena nacional o provincial. El Poder Ejecutivo nacional y los poderes ejecutivos provinciales podrán, en situaciones graves, excepcionales o de trascendencia institucional, disponer la integración de la cadena de radiodifusión nacional o provincial, según el caso, que será obligatoria para todos los licenciatarios.

Queda prohibida la integración de la cadena de radiodifusión nacional o provincial durante los treinta y cinco (35) días previos al día de celebración de una elección primaria, abierta, simultánea y obligatoria, elección general o consulta popular. Durante este período sólo podrá integrarse la cadena de radiodifusión nacional o provincial cuando ello resulte absolutamente imprescindible para la salvaguarda de la vida, la salud o la seguridad de la población, previa autorización de la Junta Nacional Electoral del distrito correspondiente, conforme el procedimiento establecido en el artículo 64 quater de la ley 19.945.

Artículo 5°: Modifícase el artículo 76 de la ley 26.522, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 76. Avisos oficiales y de interés público. La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual podrá disponer la emisión de mensajes de interés público. Los titulares de licencias de radiodifusión deberán emitir, sin cargo, estos mensajes según la frecuencia horaria determinada y conforme a la reglamentación.

Los mensajes declarados de interés público no podrán tener una duración mayor a los ciento veinte (120) segundos y no se computarán en el tiempo de emisión de publicidad determinado en el artículo 82 de la presente.

Para los servicios por suscripción esta obligación se referirá únicamente a la señal de producción propia.
El presente artículo no será de aplicación cuando los mensajes formen parte de campañas publicitarias oficiales a las cuales se les apliquen fondos presupuestarios para sostenerlas o se difundan en otros medios de comunicación social a los que se les apliquen fondos públicos para sostenerlos.

Este tiempo no será computado a los efectos del máximo de publicidad permitido por la presente ley.

La autoridad de aplicación dispondrá, previa consulta al Consejo Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, los topes de publicidad oficial que podrán recibir los servicios de carácter privado comercial o sin fines de lucro atendiendo las condiciones socioeconómicas, demográficas y de mercado de las diferentes localizaciones.

Para la inversión publicitaria oficial el Estado deberá contemplar criterios de equidad y razonabilidad en la distribución de la misma, atendiendo los objetivos comunicacionales del mensaje en cuestión.

La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual no podrá disponer la emisión, publicación o difusión de mensajes de interés público durante los quince (15) días previos al día de celebración de una elección primaria, abierta, simultánea y obligatoria, elección general o consulta popular. Durante este período, sólo podrán emitirse este tipo de mensajes en los casos previstos por el artículo 64 quater de la ley 19.945, y de conformidad con los procedimientos allí establecidos.

Artículo 6°: De forma.

 


FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de ley procura regular la emisión de publicidad oficial, mensajes de interés público y utilización de la cadena de radiodifusión durante los períodos de campaña electoral.

La iniciativa responde a que se ha evidenciado en el último tiempo una utilización indebida de la publicidad de los actos de gobierno, actos oficiales y de la cadena nacional en beneficio de los candidatos del partido de gobierno y que, frente a ello, la justicia no ha encontrado herramientas para remediar la situación.

En efecto, el abuso de la publicidad oficial y los recursos públicos en beneficio de ciertos candidatos, dio motivo a acciones judiciales que tramitaron por ante la Justicia Nacional Electoral. Es así que el 6 de agosto de 2013 la Cámara Nacional Electoral se expidió respecto de esta situación en autos caratulados "Asociación por los Derechos Civiles y otros s/acción de amparo c/Estado Nacional" (CNE, expte. 5307/12, fallo 5053/2013).

En tal oportunidad, la Cámara Nacional Electoral resolvió que resultaba imposible expedirse dado que no existe a la fecha un marco jurídico adecuado que permita a la justicia controlar los excesos que pudieran ocurrir en este ámbito. Se ha destacado, así, que el artículo 64 quater del Código Nacional Electoral no está referido "a la asignación, distribución o uso de la publicidad oficial", y que resulta del resto del ordenamiento analizado "la insuficiente regulación de la publicidad oficial durante el desarrollo de procesos electorales" (CNE, fallo 5053/2013, consid. 23°). Es por ello que el tribunal resolvió rechazar los planteos formulados, aunque, al mismo tiempo, instó al Congreso de la Nación a que "extreme los recaudos necesarios a fin de revisar y armonizar la regulación vigente en la materia cuestionada en estos autos, a la mayor brevedad posible".

En cumplimiento de esta sentencia y a fin de evitar una declaración de inconstitucionalidad por la omisión del Congreso de la Nación, es que venimos a presentar este proyecto de ley, siguiendo los lineamientos fundamentales trazados por la Justicia electoral.

En primer lugar, proponemos la modificación del artículo 64 quater del Código Nacional Electoral, siguiendo la pauta del fallo citado, según la cual deben sancionarse "normas que regulen la suspensión de la publicidad por un tiempo razonable durante las campañas políticas y los comicios, salvo en casos en los que exista un deber legal de informar o una emergencia sobre la cual es necesario comunicar cierto mensaje" (CNE, Fallo 5053/2013, consid. 19°). A tal efecto, resultan de particular interés las experiencias de España, Gran Bretaña o Perú, que tienen normas específicas que permiten suspender el uso de la publicidad oficial en períodos de campaña.

En particular, nos hemos inspirado en el artículo 10 de la ley 29/2005 de España, en virtud de la cual se prohíbe totalmente la difusión de publicidad oficial por parte de los poderes públicos durante un período previo a la celebración de los comicios, con las únicas excepciones previstas en relación con la información respecto del desarrollo del acto electoral u otra información que pueda resultar imprescindible para la salvaguarda del interés público.

En cuanto a qué debe entenderse por "publicidad oficial" a tales efectos, hemos adoptado un criterio amplio, tal como lo sugiere la Cámara Nacional Electoral, con cita del informe anual 2010 de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que define a este tipo de publicidad como "toda comunicación, anuncio, o espacio solventado con fondos públicos, en cualquier medio de comunicación y en cualquier soporte" (CNE, Fallo 5053/2013, consid. 15°).

Al mismo tiempo, hemos tenido en cuenta la experiencia reciente, que demuestra que el Poder Ejecutivo ha utilizado actos de inauguración de obras públicas, visitas de Estado o inauguración de emprendimientos privados para promover, con recursos oficiales, a candidatos de su propio partido. Por tal motivo, hemos ampliado la prohibición prevista en el actual artículo 64 quater, último párrafo, del Código Nacional Electoral, para evitar estas burlas al espíritu de la ley y permitir la sanción de conductas reñidas con la más elemental ética republicana.

Por último, hemos visto en fecha reciente que el Poder Ejecutivo ha abusado de la facultad de dirigirse a la población por medio de la "Cadena Nacional de Radiodifusión" en pleno período de campaña. Las prevenciones y requisitos establecidos en el artículo 75 de la ley 26.522 han resultado insuficientes. Por tal motivo, y con el mismo criterio que inspira a las reformas mencionadas, proponemos que pueda sancionarse penalmente el uso indebido de la "Cadena Nacional Radiodifusión", durante toda la campaña electoral, con la excepción de verdaderas situaciones de verdadera emergencia pública calificadas por una autoridad políticamente imparcial.

En síntesis, pues, consideramos que las reformas propuestas se ajustan a la exhortación realizada por la Cámara Nacional Electoral a fin de armonizar y poner en vigencia los principios que nos exigen, por un lado, dar publicidad a los actos de gobierno, y por el otro, que ese tipo de publicidad no atente contra la libre expresión de las ideas, la neutralidad en el uso de los fondos públicos y la equidad en la participación electoral.

Sin perjuicio de lo anterior y de la necesidad de introducir precisiones en la legislación vigente en materia de publicidad oficial, somos conscientes de que sólo el espontáneo y voluntario sometimiento de los gobernantes a las normas legales y éticas que rigen la actividad política en la república, permitirá erradicar definitivamente prácticas desleales o corruptas que los argentinos soportamos con demasiada frecuencia.

Por todas las razones expuestas, se solicita la aprobación del presente proyecto de ley.

 
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Julian Obiglio Fundación Nuevas Generaciones  
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