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Notas de opinion de Julian Obiglio

Más impuestos, menos ahorros

Los impuestos son el precio que pagamos por una sociedad civilizada”. Esta frase se encuentra grabada en el frente del edificio principal del IRS (Internal Revenue Service), la AFIP de los Estados Unidos, y resume los motivos por los que debemos entregar parte de nuestros ingresos al Estado.

En Argentina tenemos una presión impositiva cercana al 45% de nuestros ingresos, y si a ello le agregamos el impuesto inflacionario, seguramente descubriremos que cada año la administración estatal se queda con la mitad de nuestros ingresos. A cambio de ello deberíamos recibir seguridad, educación, jubilación, justicia, infraestructura, y algunos otros servicios más que son la esencia del contrato social entre el ciudadano y el Estado. La pregunta natural es ¿no estaremos pagando demasiado por los pésimos servicios que recibimos? Evidentemente sí. El precio que se nos cobra para mantener nuestra sociedad civilizada es mucho más alto del que pagan la mayoría de los ciudadanos del mundo.

El Gobierno de nuestro país parece haber olvidado la finalidad de esos tributos y cada día busca nuevas herramientas que extraigan más recursos de los ciudadanos, para ser aplicados al mantenimiento del inmenso e ineficiente Estado que ha creado y alimentado a lo largo de los diez años de su gestión.

Con este sentido el titular de la AFIP ha expresado que para el pago del impuesto a los bienes personales, debería calcularse el valor de los inmuebles según el precio de mercado, y no según el valor fiscal que el propio Estado les otorga. Más allá de la desmentida que horas después hizo el ministro de Economía Axel Kicillof, si las intenciones del señor recaudador se hicieran realidad, los propietarios de pequeños inmuebles deberían dedicar un importante porcentaje de sus ingresos a pagar solamente este impuesto.

Por ejemplo, en un departamento de tres ambientes en el barrio de la Boca, de 53 metros cuadrados, con un valor de mercado cercano a los $ 389.000, el monto mensual del impuesto alcanzaría los $ 1.623. Ello es equivalente al 66% de una jubilación mínima, o al 19% de una remuneración promedio del sector privado en la Ciudad de Buenos Aires (según el INDEC).

Si fuera el caso de un departamento de un ambiente, de 33 metros cuadrados en el barrio porteño de Almagro, cuyo valor según estimaciones del mercado alcanza los $ 429.000, debería pagar por mes la suma de $ 2.063. O sea, el equivalente al 83% de una jubilación mínima, o el 25% de una remuneración promedio del sector privado.

Por supuesto que luego de pagar este impuesto, los habitantes de estos departamentos deben alimentarse, higienizarse, transportarse, educarse, y claro…pagar impuesto a las ganancias, aportes jubilatorios, IVA, ingresos brutos, tasas municipales, la energía eléctrica, el gas, el agua, etc.

Bajo estos nuevos parámetros, el impuesto a los bienes personales (que debe su existencia a una disposición que lo estableció como recurso de emergencia el día 31 de diciembre del año 1991), se convierte en algo absolutamente confiscatorio y contrario a la ley.

Destruir o limitar los incentivos para el ahorro, la capitalización, o la realización de inversiones en bienes duraderos, destruye la riqueza de las familias y del país. Es por ello que son muy pocos los países del mundo que aplican este impuesto, y cuando lo hacen, establecen pisos muy altos, que exceptúan a la mayoría de los contribuyentes. Así por ejemplo, en España no pagan el impuesto aquellos que declaran un patrimonio inferior a 300 mil euros, y en Francia no lo hacen los que poseen bienes por debajo de 700 mil euros. En la ley argentina solamente quedan exentos aquellos que tienen un patrimonio inferior a 21 mil euros.

La capacidad de acumular propiedad privada, ya sea en forma de ingresos, inversiones o adquisiciones, es la fuerza motora que impulsa a una economía. Para que las personas trabajen, ahorren e inviertan, precisan tener la certeza de que serán los dueños exclusivos de su propiedad y que el Estado no se las arrebatará. Cuanto mayor sea la protección de la propiedad, mayor será el empeño con el que las personas emprenderán sus actividades económicas, y de ese modo promoverán el desarrollo de la sociedad.

El reconocimiento y la defensa de los derechos de propiedad por parte del Estado incentivan la cultura del ahorro, de la innovación y de la inversión, elementos necesarios para el crecimiento y el desarrollo de todo país. Las excesivas cargas fiscales no solamente violan el derecho de propiedad sino que también debilitan la actividad económica. Los contribuyentes reducen la inversión, consumen menos, generan menor cantidad de puestos de trabajo y muchas veces transitan sin regreso hacia el mercado negro.

El Gobierno debe repasar los textos esenciales de la economía y recordar que los impuestos son solamente un precio que todos los que hemos decidido vivir en una sociedad civilizada y organizada, debemos afrontar. Si insiste con estas pretensiones recaudatorias desmesuradas, sin contraprestaciones ni servicios de calidad, encontrará cada día menos recursos para capturar e ingresará definitivamente en un camino de pobreza, marginalidad y exclusión.

Las decisiones correctas están al alcance de la mano del Poder Ejecutivo Nacional, pero también lo estuvieron cuando intentó establecer un régimen de retenciones a las exportaciones que era claramente confiscatorio e ilegal. El interrogante es cuánto daño se producirá hasta que el Gobierno corrija su error y disperse la incertidumbre que ha generado en la sociedad.

Publicado en Infobae.com. Miércoles 8 de enero de 2014

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Julian Obiglio Fundación Nuevas Generaciones  
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