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Notas de opinion de Julian Obiglio

Nuevos impuestos para sostener el relato

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ese al voto en contra de la oposición, la Cámara de Diputados ha dado media sanción al proyecto de ley enviado por el Gobierno, el cual crea tres nuevos impuestos que repercuten directamente sobre la clase media argentina.

El proyecto, impulsado por el oficialismo argumentando que debían compensar en el presupuesto estatal la baja de recursos que significó el alza del piso en el impuesto a las ganancias, dispuso tres gravámenes:

1. Un impuesto del 15% sobre el valor de transferencia de acciones, cuotas o participaciones sociales de empresas que no coticen en la bolsa.

2. El mismo impuesto del 15% sobre los actos de “disposición” que involucren a la transferencia de las acciones, cuotas o participaciones de dichas empresas.

3. Un impuesto del 10% a la distribución de dividendos.

Este impuestazo implica que en cualquier transferencia onerosa, gratuita (donación) o sucesoria (testamento), de títulos de sociedades que no coticen, el Estado será acreedor de un valor equivalente al 15% de la empresa. Se grava la compra-venta o permuta de acciones, y se vuelve a legislar el impuesto a la herencia, que hace muchos años había sido desterrado de nuestra legislación.

Como si esto fuera poco, se establece que cada vez que existan dividendos para distribuir, las sociedades deberán entregar un 10% de ellos al Estado, antes de repartir el saldo restante a los accionistas. Luego, serán estos últimos los que paguen al Estado otro impuesto del 35%, sobre los dividendos recibidos. O sea, casi la mitad de sus dividendos habrán sido entregados al Estado como contribución impositiva.

El impuestazo está dirigido a las empresas que no cotizan en bolsa, es decir, a las pequeñas y medianas empresas. Por ejemplo, una pequeña fábrica, una administración de consorcios o una panadería. O sea, al 98% de las sociedades que existen en Argentina, que generan el 44% de los empleos, y representan el 41% de la facturación empresaria.
   

Lo único que realmente genera esta nueva ley, que impulsa el Gobierno con el argumento de compensar los recursos que el Estado dejaría de percibir por la reducción en el impuesto a las ganancias de las personas físicas, es la redistribución de esfuerzos fiscales entre la clase media. Se está pasando la presión impositiva de una persona a otra. Con lo cual, el efecto que en realidad producirá, será el contrario al que se pretende conseguir. La economía se achicará, las inversiones se frenarán, se generará menos empleo, menos riqueza y claramente, menor bienestar en la sociedad.

Con estos nuevos impuestos, Argentina pasa a tener la presión fiscal más alta de Latinoamérica, con un impacto sobre el PBI cercano al 45%. De esta manera, casi la mitad de lo que produce el país, va a manos del Estado.

Evidentemente mantener el “relato” oficial se está haciendo muy costoso y ello requiere nuevos ingresos al Estado. Si la voluntad real fuera impulsar a la clase media y potenciar a las pequeñas y medianas empresas, las medidas serían absolutamente distintas. Se desgravaría la reinversión de utilidades, se asignarían los excedentes de recaudación al impulso de nuevos sectores productivos o se estimularía fiscalmente la contratación de personas que viven de subsidios sociales.

Nada de ello sucede, sino todo lo contrario: el Gobierno festeja como un logro que en los últimos diez años ha duplicado la presión fiscal y que la clase media pagará más impuestos. El problema llegará cuando choquemos de frente con la realidad. Cuando el motor del “relato” precise para su existencia, más recursos de los que el mercado tenga para entregar.

Publicado en Infobae.com. Miércoles 11 de septiembre de 2013.

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Julian Obiglio Fundación Nuevas Generaciones  
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