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Notas de opinion de Julian Obiglio

ART: Prevenir en vez de Reparar

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 orrer detrás de la realidad es una política de Estado para el Gobierno Nacional. Lo viene haciendo desde hace años, y lo volverá a hacer esta semana cuando sancione las modificaciones a la Ley de riesgos del trabajo fijando un nuevo sistema para la reparación de los daños derivados de los accidentes laborales. El problema no es el proyecto oficial, que conceptualmente es correcto y merece ser votado, al menos en general, en forma afirmativa. Las críticas más fuertes se deben a que el Estado, o más bien el Gobierno, llega tarde una vez más: esta ley se focaliza en la reparación de los daños producidos en los accidentes, y deja para otra oportunidad la sanción de una normativa que se concentre en las medidas de prevención.

Según la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, en el 2011 se registraron 675 mil siniestros laborales, en tanto que durante 2010 ocurrieron 630 mil siniestros. Estas cifras contemplan solamente el empleo registrado, por lo que los accidentes y enfermedades de los trabajadores informales quedan afuera de las estadísticas. Si bien el nuevo mecanismo propuesto para la reparación de daños es ampliamente superior al vigente, la principal falla del proyecto está en que no modifica el régimen de prevención de riesgos, cuya ineficacia para reducir la siniestralidad laboral a través de la prevención queda demostrada por las propias cifras oficiales.

El eje de una verdadera reforma debería ser la protección de los trabajadores a través de la prevención de los accidentes. En este sentido, debe quedar claro que una política que únicamente incrementa las indemnizaciones, no reduce siniestros, sino que simplemente canjea salud por más dinero. Por ello, si bien el nuevo mecanismo de compensaciones merece ser aprobado, deben dictarse normas complementarias que establezcan incentivos para la prevención, dejando la reparación como una última instancia no deseada. En este sentido, corresponde promover normativas que faciliten al trabajador la denuncia de incumplimientos en las normas de seguridad e higiene en el trabajo, y que autoricen en determinados casos la negativa a cumplir tareas en condiciones de peligro o riesgo. En esta misma línea, considero adecuado establecer el incremento de las prestaciones en dinero cuando el accidente se produciere por un incumplimiento de las normas de prevención por parte del empleador.

También es necesario actualizar en forma urgente nuestra ley de Seguridad e Higiene del Trabajo, ya que la vigente fue sancionada en 1972. Al hacerlo se podría promover la creación de comités de seguridad y salud en las empresas, con participación y fiscalización central de los trabajadores.

Los familiares de quienes han perdido la vida en un accidente laboral, o aquellos trabajadores que han dañado irreparablemente su salud en sus puestos de trabajo, saben mejor que nadie que nunca habrá dinero suficiente para que la reparación pueda ser considerada integral. Las secuelas de una pérdida o una mutilación exceden ampliamente cualquier compensación monetaria que se pueda otorgar. Por ello es que una política laboral exitosa es aquella que procura por todos los medios posibles que los accidentes no ocurran, reduciendo los accidentes a porcentajes marginales. La nueva ley de ART es necesaria, pero es incompleta. El Gobierno llega tarde una vez más.

Publicado en El Cronista. Miércoles 24 de octubre de 2012
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Julian Obiglio Fundación Nuevas Generaciones  
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