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Notas de opinion de Julian Obiglio

El control legislativo como herramienta esencial de la democracia

P

or mandato constitucional los Diputados tenemos tres tareas fundamentales: representar al pueblo, legislar y controlar al Poder Ejecutivo. Para poder ejercer esta última función contamos con una herramienta esencial, llamada pedido de informes. Esta potestad permite a los legisladores requerir información al Presidente y a su gabinete vinculada a la administración del país. Con ella el legislador puede cumplir cabalmente su rol de representante, informándose de la gestión del gobierno, y realizando las propuestas o denuncias que considere correspondientes.

Los pormenorizados datos que surgen de un reciente trabajo realizado y publicado por la Fundación Nuevas Generaciones en cooperación internacional con la Fundación alemana Hanns Seidel, demuestran que durante los gobiernos del Frente Para la Victoria este atributo legislativo se ha visto reducido a letra muerta.

Conforme indica el estudio, desde comienzos del período legislativo 2003 hasta diciembre del 2011 se presentaron en la Cámara de Diputados de la Nación 8.391 pedidos de informes. De ellos, el Congreso, controlado por el oficialismo del Frente Para la Victoria, solamente aprobó para su remisión al Poder Ejecutivo, 1.470 pedidos, es decir, el 17,5 por ciento.

Ahora bien, si comparamos los 8.391 pedidos de informes requeridos por los Diputados, con los efectivamente aprobados por el Congreso y luego respondidos por el Poder Ejecutivo, el número se reduce a 1.055, equivalentes a un escaso 12,6 por ciento. O sea que prácticamente nueve de diez preguntas que realizan los legisladores al Gobierno, quedan sin respuesta.

Otra variable sumamente interesante para analizar es el tiempo que el Poder Ejecutivo insume para responder a los requerimientos de información que son aprobados con el aval de los legisladores oficialistas. Solamente un once por ciento es respondido dentro del mismo año en que se lo envió al Poder Ejecutivo. El noventa por ciento restante será respondido uno o dos años después. Con lo cual la respuesta ya habrá perdido todo tipo de interés, o el legislador que requirió dicha información ya habrá finalizado su mandato, o muy posiblemente los eventos que intentaban evitarse, ya habrán sucedido. Para llevarlo a un caso de la realidad cotidiana: son innumerables los pedidos de informes que se han efectuado sobre el estado de situación de los trenes de pasajeros. Todos ellos fueron presentados antes de la masacre de Once y ninguno fue aprobado, y mucho menos respondido, por el Gobierno Nacional.

Frente a este sombrío panorama para la vida institucional de nuestro país, un importante grupo de Diputados del PRO, del Frente Peronista y del partido Demócrata Mendocino, hemos propuesto que se modifique el sistema de tramitación de los pedidos de informes, estableciendo reglas que terminan definitivamente con la discrecionalidad de este Gobierno y los que lo sucedan.

La iniciativa legislativa contempla que los pedidos de informes firmados por al menos 25 diputados, será tratado directamente en el recinto durante la Sesión Plenaria más próxima a la fecha de su presentación, sin necesidad de su aprobación en la Comisión correspondiente.

Asimismo, cuando un pedido de informes sea firmado por al menos 38 diputados, no se requerirá su tratamiento ni aprobación en Comisión ni en Sesión Plenaria, sino que el mismo será enviado directamente a su destinatario en el Poder Ejecutivo por el Presidente de la Cámara, para su inmediata contestación.

Finalmente, hemos establecido que la nota que el Presidente de la Cámara envíe al Poder Ejecutivo, deberá consignar que el destinatario del pedido de informes cursado, deberá dar respuesta a todos los puntos requeridos en un plazo no mayor a diez días hábiles de recibida la nota; y que la no contestación dentro del plazo indicado, hará incurrir al funcionario requerido en el delito de incumplimiento de deberes del funcionario público. Este delito se encuentra reprimido con pena de prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por el doble tiempo.

El sistema de frenos y contrapesos de nuestra Constitución Nacional no es una declaración de buenas intenciones, sino que es la estructura de controles que crearon nuestros constituyentes para que la república democrática no se convierta en un gobierno totalitario. Los tres poderes gozan de facultades para controlarse mutuamente, pero la facultad legislativa para requerir informes y explicaciones al Poder Ejecutivo es particularmente especial, ya que mediante ella doscientos cincuenta y siete hombres y mujeres representan a los más de cuarenta millones de ciudadanos de nuestro país.

El partido oficialista debe comprender que los ataques a las instituciones tienen consecuencias. Que la división de poderes brinda seguridad jurídica. Que la confianza atrae inversiones, que con ellas aumenta el empleo, y que la sumatoria de todo esto es lo que, a fin de cuentas, garantiza una buena calidad de vida. En síntesis, que la ley existe y está para cumplirse. Lo demás, es solamente parte del relato.

Junio de 2012
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Julian Obiglio Fundación Nuevas Generaciones  
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