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Notas de opinion de Julian Obiglio

Tiempo de revancha

L

a mayoría automática del oficialismo aprobó en diciembre pasado el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que establece un nuevo régimen laboral para el trabajo agrario. La norma en cuestión resulta objetable por tres razones principales: carece de legitimidad para tales fines, adolece de serios defectos de técnica legislativa y no reporta mejora alguna respecto del régimen legal y convencional que regulaba el trabajo rural.

En rigor de verdad, la norma sancionada tiene un propósito político primordial, que es debilitar a la asociación sindical que representa a la mayoría de los trabajadores rurales, la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y de esa manera subyugar al líder de dicho sindicato, Gerónimo Venegas, quién se opuso a la Resolución 125. Bajo esta persecución se inscriben los artículos del texto aprobado que reemplazan el principio de “naturaleza de la actividad”, como patrón para el encuadramiento sindical, por un principio “geográfico”. A ello se suma la exclusión sindical de toda actividad de naturaleza agraria sujeta a algún mínimo proceso de industrialización. Y por último, la introduce la injerencia del Poder Ejecutivo sobre las bolsas de trabajo rural, tradicionalmente vinculadas, tanto en sus orígenes como en su administración, a las asociaciones sindicales.

De todas formas, el mal mayor es la eliminación, sin razón alguna, del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) y su reemplazo por un nuevo órgano con directores serán designados por el Poder Ejecutivo de la Nación. Se desplaza de esta forma al gobierno colegiado de empleados y empleadores y se pone al organismo en las discrecionales manos del Gobierno de turno.

El RENATRE es un organismo reconocido y destacado a nivel mundial, tanto por la Organización Internacional del Trabajo como por la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS). Tal es así, que debido a su exitosa labor recientemente ha sido designado Observatorio de Seguridad Social en el Cono Sur. ¿Qué razones, sino políticas, pueden haber impulsado al oficialismo a destruir este organismo?

Los argumentos para establecer un régimen que vulnera abiertamente los acuerdos celebrados entre trabajadores y empleadores, son tan absurdos que no se ha escuchado una sola voz sindical o trabajadora, manifestarse en contra del funcionamiento de la UATRE.

Asiste la razón al Secretario General de la CGT Hugo Moyano cuando critica a la Presidenta. Este es un Gobierno que ha decido legislar contra los trabajadores. La ley del peón rural será un punto de inflexión en el clima político del país, provocando una clara diferenciación entre aquellos que defienden la esencia del agrupamiento sindical, y aquellos que solamente quieren saquear los ahorros de los afiliados ante la inacción de dirigentes sojuzgados y atemorizados.

Los sindicatos tienen un rol esencial de intermediación entre el Gobierno, los empleadores y los trabajadores. El poder político del oficialismo ha decidido desconocer esta realidad, sin considerar que en su avasallador camino, los más débiles serán los más perjudicados.

Publicado en diario Perfil – Sábado 28 de enero de 2012

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Julian Obiglio Fundación Nuevas Generaciones  
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