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Notas de opinion de Julian Obiglio

Una agenda de valores

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urante el período parlamentario 2011 se han incorporado en la agenda legislativa nacional materias que tienen repercusión esencial en nuestros valores, afectándose el derecho a la vida, la dignidad humana y esencialmente, la naturaleza del hombre.

La discusión más importante ha sido la que se dio con relación a los proyectos de ley que persiguen la no punición del aborto voluntario, modificando para ello las normas del Código Penal.

En este punto hemos triunfado aquellos que sostenemos que el primer derecho humano es el derecho a la vida; y que su primera formulación concreta es el derecho que tenemos los hombres a nacer. El derecho a la vida es un derecho elemental sobre el cual reposan los demás derechos subjetivos de las personas. De allí que la penalización del aborto no estribe tanto en la necesidad de castigar al abortista como en la necesidad de defender el derecho a la vida de personas inocentes e indefensas.

Debemos escapar a la falsa discusión a la que intentan llevarnos los abortistas y, en cambio, la discusión debe centrarse en lo que debe hacerse desde el Estado para garantizar la educación familiar, y el acompañamiento médico, psicológico y económico, de todas las mujeres, desde el momento mismo en que toman conocimiento del embarazo. La discusión debe ser como ayudar a la mujer y al niño, para garantizar su vida y la igualdad de oportunidades frente a ella. La solución nunca puede ser la muerte.

La concepción siempre implicará el comienzo de la vida de un individuo humano único e irrepetible. El nasciturus, es cierto, depende de la madre para subsistir, pero no es una parte del cuerpo de la propia madre, ni es una cosa disponible según la discreción de la gestante; todo lo contrario, es ni más ni menos que una vida humana, que goza de una existencia Individualizada, mereciendo el mismo respeto que aquél que ya ha dejado el vientre materno.

En el orden jurídico, se deber recordar que nuestro país no solo ha ratificado el Pacto de San José de Costa Rica (Ley N° 23.054), cuyo artículo 4.1 determina que "Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general desde la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente''', sino que posteriormente ha suscripto y ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño (Ley 23.849), expresando al hacerlo que "la República Argentina declara...que se entiende por niño todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los 18 años de edad", y que "Todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida" (artículo 6.1). Evidentemente este principio no puede ser atenuado o modulado por vía de interpretación, pues los términos de la norma son suficientemente categóricos.

Además de ello, es de destacarse, que nuestro país se obligó a actuar en consonancia con la cláusula contenida en el artículo 3.1 de la misma Convención que establece "En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una condición primordial a la que se atenderá será el interés superior del niño".

Por otra parte, el interés superior del niño es uno de los principios rectores de la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, cuyo art. 3º reza : "A los efectos de la presente ley se entiende por interés superior de la niña, niño y adolescente la máxima satisfacción, integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos en esta ley..." y que "...Cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de las niñas, niños y adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros".
Claramente, dentro del interés superior del niño nunca podrá encontrarse la posibilidad de ser abortado. Así ha sido entendido por la mayoría parlamentaria, por lo que los intentos abortistas, han quedado truncos, al menos hasta el próximo año.

Otro de los temas tratados este año parlamentario han sido las iniciativas sobre encarnizamiento terapéutico, mal llamada, ley de muerte digna.

Conceptualmente, es correcto regular el derecho de los pacientes a rechazar la aplicación de tratamientos desproporcionados o desmesurados en relación a sus posibilidades de mejoría, prolongando artificial e innecesariamente el proceso natural de la muerte. Sin embargo, la posición mayoritaria ha terminado estableciendo el derecho del paciente a rechazar su alimentación e hidratación, junto con los cuidados paliativos.

La alimentación y la hidratación no son algo ajeno a la manera natural de vivir del ser humano (no es artificial comer ni beber), y por lo tanto no se puede sostener que alimentar e hidratar al enfermo sea una manera desmedida de mantener su vida. Si la vida del enfermo se mantiene solamente gracias a la alimentación e hidratación, quiere decir que no se están aplicando otros medios, en consecuencia, no hay encarnizamiento terapéutico, que es la práctica médica reprobada por la norma proyectada.

La inclusión de estos últimos “derechos” del paciente para dejar de ser alimentado e hidratado, y de suspensión de los cuidados paliativos, atentan, a mi modo de ver, contra la dignidad humana e implican la inducción de la muerte de la persona. O sea, se trata de prácticas eutanásicas contrarias a nuestros principios constitucionales, al juramento del médico para proteger la vida, y a los valores cristianos más esenciales.

En el parlamento también se han tratado durante 2011 diversos proyectos sobre fertilización asistida. Este tema, debido a su complejidad y cantidad de sentimientos involucrados, merece un una extensión que excede el presente artículo, por lo que resumiré mis ideas diciendo que en él, he centrado mis esfuerzos en proteger los derechos de los niños por nacer, intentando brindar un estricto marco legal que defienda la vida, respete al ser humano como ser único, original e irrepetible, y restrinja los tratamientos a casos patológicos muy especiales, reduciendo al máximo cualquier tipo de manipulación de gametos y embriones.

Es cierto que la mayoría de las personas recurre a estas técnicas lo hacen bajo comprensibles inquietudes; sin embargo, como lo demuestra una amplia reflexión bioética, el camino para afrontar estas cuestiones no puede significar un menoscabo de la vida y dignidad de seres humanos indefensos e inocentes, sino nuevas y fortalecidas estrategias terapéuticas orientadas a la cura de las causas de la infertilidad o esterilidad.

No podemos ignorar que las distintas técnicas de reproducción artificial, que parecen estar puestas al servicio de la vida y la felicidad – de hechos muchas veces son practicadas con esta intención - en realidad provocan muertes y ofensas contra la dignidad de personas inocentes como son los niños por nacer.

En este sentido, he promovido solamente aquellas técnicas favorecedoras de la concepción dentro del seno materno, como sucede con la inseminación asistida, donde la intervención médica resulta de ayuda para la fecundación, sin estar reñida esa intervención técnica con el derecho a la vida del niño por nacer.

Mención aparte merecen las técnicas de fertilización extra uterinas. Lamentablemente los proyectos de mayoría no ponen límites a la intervención de la mano humana en el proceso natural, y permiten el congelamiento, selección y descarte de embriones, como así también la donación de esperma y óvulos de forma anónima (sin respetar el derecho de identidad de las personas), y todo tipo de acciones que, a mi entender, se encuentran enfrentadas con el derecho a la vida y la dignidad de las personas.

Considero que toda normativa que se dicte en este sentido, deber estar dirigida a atender casos de parejas estables con patologías comprobadas, y a la preservación e implantación de todos los óvulos fecundados, sancionándose con extrema severidad el congelamiento o el descarte de embriones.

Finalmente, pero no por ellos menos importante, he considerado respecto del proyecto mayoritario, que no es justo incluir las técnicas de fertilización a cargo del Programa Médico Obligatorio; pues un sistema de salud que se encuentra al borde del colapso y que resulta ineficaz para brindar un servicio de calidad satisfactoria para atender debidamente las terapias y patologías de los pacientes, mal puede destinar recursos para llevar adelante prácticas costosísimas y que involucran la pérdida de vidas humanas.

Para terminar, mencionaré que durante 2011 también se han tratado diversos proyectos de Ley referidos a la Identidad de Género, estableciéndose esencialmente que cualquier persona puede cambiar su nombre y el sexo que tiene registrado en su Documento Nacional de Identidad, con una mera declaración administrativa, y que ello también puede ser realizado por los padres respecto de sus hijos menores de edad.

Esta legislación afecta los principios jurídicos más esenciales que rigen el accionar en nuestra sociedad y definitivamente crean el marco adecuado para los errores, engaños o estafas de índole personal, sexual, laboral o contractual en general.

Asimismo, viola abiertamente los derechos de los menores de edad, sometiéndolos a patologías de sus padres, generándoles una confusión que perdurará por largos años, si es que no lo hará por el resto de sus vidas.
En reemplazo de estos proyectos, que he rechazado en su totalidad, he propuesto respetar nuestro sistema jurídico y discutir severas normas anti discriminación, como así también programas de inclusión social para aquellos que así lo requieran.

Queridos amigos, como podrán ver nuestros valores más esenciales se encuentran en juego. Somos muchos los defensores de las mismas ideas y en el cuerpo legislativo hemos trabajado intensamente para resistir los embates de aquellos que buscan confundir a la sociedad, tratando los temas con superficialidad y sin los compromisos que ello requiere.

Levanto mis deseos, entonces, para que el próximo año legislativo sea más generoso con la vida y la dignidad de las personas, y para que nuestra comunidad redoble los esfuerzos de acompañamiento en esta tarea, para lograr juntos modificar la agenda actual, reñida con la vida y los derechos humanos, por una agenda cargada de los valores que nos unen.

Diciembre de 2011

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Julian Obiglio Fundación Nuevas Generaciones  
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