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Notas de opinion de Julian Obiglio

Facultades delegadas: nunca más

E

l Gobierno Nacional sostiene públicamente que el 24 de agosto próximo serán derogadas automáticamente más de mil novecientas leyes y normas, y que el país quedará sumergido en un vacío legal asimilable al final de los tiempos. O sea, que si no se prorroga la suma del poder público personificado en la titular del Poder Ejecutivo Nacional, nos espera el abismo. Se utilizan estos argumentos para intentar convencer a la población que es necesario que el Gobierno pueda continuar dictando leyes-decretos. O sea, que la Presidenta siga personificando a los dos poderes, al Ejecutivo y al Legislativo.

Lo que sucederá el 24 de agosto es muy simple pero de gran importancia institucional, y por supuesto se encuentra alejado de los falsos pronósticos fatalistas del oficialismo.

Desde 1853 hasta 1994 el Congreso de la Nación, en diversas oportunidades y por diversos motivos, delegó sus facultades legislativas en el Poder Ejecutivo Nacional. La Constitución Nacional de 1994 estableció en su cláusula transitoria octava, que esas facultades delegadas, y toda la normativa dictada en consecuencia por el Poder Ejecutivo Nacional, caducaría en un plazo de cinco años, si no eran aprobadas expresamente por ley del Congreso Nacional.

Como consecuencia de ello, el 11 de agosto de 1999 el Congreso sancionó la Ley 25.148, que dispuso dos cosas:

1) Que se prorrogaban por tres años la totalidad de las facultades legislativas que el Congreso había delegado en el Ejecutivo, desde 1853 hasta 1994 (art. 1)

2) Que se aprobaban la totalidad de las normas dictadas por el Poder Ejecutivo entre 1853 y 1994 haciendo uso de esas facultades legislativas delegadas (art. 3)

Con lo cual, el 11 de agosto de 1999 quedaron prorrogadas hasta 2002 todas las facultades legislativas que el Congreso alguna vez había delegado en el Poder Ejecutivo, desde el año 1853 hasta 1994.

Esta delegación especial de facultades legislativas fue prorrogada nuevamente en tres oportunidades por el Congreso. Por dos años en 2002 (ley 25.645), por dos años en 2004 (ley 25.918) y por tres años en 2006 (ley 26.135).

O sea que el Poder Ejecutivo Nacional viene gozando de potestades legislativas delegadas desde hace mucho tiempo. Aunque lo cierto es que comenzó a abusar de ellas en los últimos tiempos, con actitudes ya conocidas como la fijación de altos niveles de retenciones a las exportaciones, o la creación de polémicos organismos como la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCAA), entre muchas otras.

¿Qué es lo que sucederá el 24 de agosto? Pues nada grave: se vencen las potestades legislativas delegadas, sucesivamente prorrogadas desde el año 1999. O sea, que las facultades legislativas vuelven a manos del Congreso de la Nación, tal como establece la Constitución Nacional.

No caerán las normas dictadas por el Poder Ejecutivo en uso de esas facultades legislativas delegadas, ya que han sido aprobadas por la Ley 25.148 de 1999. Todas ellas continuarán vigentes, y será tarea de los Legisladores Nacionales definir cuáles derogar y cuáles mantener operativas.

El Gobierno Nacional, haciendo caso omiso de lo dispuesto en la ley de 1999, intenta confundir a la sociedad, indicando que el 24 de agosto caerán todas las normas que el Poder Ejecutivo dictó desde 1853 hasta 1994 haciendo uso de las facultades delegadas. Como hemos visto, ello no es real, y el único interés del Gobierno es lograr que le prorroguen nuevamente la delegación de facultades legislativas, para poder continuar acumulando la suma del poder público, dictando normas que en muchos casos atentan contra libertades y principios esenciales para el desarrollo de cualquier sociedad.

No existiendo justificativos para prorrogar en el Poder Ejecutivo Nacional tamañas atribuciones, privando al Congreso Nacional de las que le son propias, considero que es momento de volver a respetar la división de funciones y poderes oportunamente establecida por nuestra Constitución Nacional.

Julio de 2009
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Julian Obiglio Fundación Nuevas Generaciones  
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