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Notas de opinion de Julian Obiglio

“Seguridad jurídica”: ¿de qué estamos hablando?

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eiterado es el reclamo de la comunidad económica, financiera y empresarial de la Argentina, respecto de la ausencia o bajos niveles de “seguridad jurídica” en nuestro país. Ahora bien, ¿a qué nos referimos con estos términos, qué implicancias tiene y qué efectos produce la seguridad jurídica sobre la vida de los ciudadanos, según los distintos grados de valor y respeto que un Estado le dispense?

Comenzaré recordando que las personas naturalmente organizan sus transacciones dentro de las instituciones del Estado, y nombran, eligen, o contratan a unas personas para que administren o gobiernen ese Estado de acuerdo con unas determinadas reglas o leyes escritas, o consagradas por la tradición. El Estado pertenece a todos los ciudadanos y las instituciones creadas tienen por finalidad facilitar la vida de los habitantes del país. Si las instituciones son eficientes, reducen los costos de transacción, reducen la incertidumbre, y por ello, los costos de los intercambios comerciales.

La seguridad jurídica es una de dichas reglas establecidas en el marco legal. La calidad de la ley y la capacidad de la autoridad de hacerla cumplir determinarán cuán riesgoso será invertir en un país. La seguridad jurídica se identifica necesariamente con “previsibilidad”. Condición imprescindible para que los inversores del mundo vengan a nuestro país (o a cualquier otro) y se decidan a contratar, a generar empleo, o simplemente, a salir a la calle, ya que la seguridad jurídica es un concepto que se proyecta mucho más allá del plano puramente económico, pues apunta al desarrollo integral y sustentable de una sociedad.

Son componentes fundamentales de la seguridad jurídica la seguridad física de las personas y la vigencia de un sistema legal coherente y sin fisuras. Asimismo, precisa el funcionamiento de una justicia transparente e irrestricta, capaz de administrar la ley con razonable equidad y de garantizar el cumplimiento de los contratos.

La facilidad con que de la noche a la mañana se deja sin efecto el alcance de algunas leyes o se legisla con retroactividad o por medio de decretos cuestionables o basados en dudosas delegaciones de facultades al Poder Ejecutivo constituyen sombríos antecedentes que atentan contra la seguridad jurídica, destruyendo la confiabilidad en las normas y la inalterabilidad de las reglas de juego.

Asimismo, la inflación legislativa, caracterizada por la profusión de reglas legales irrazonables, contradictorias y a menudo coyunturales, genera una cultura de escaso apego al cumplimiento de la ley, cuándo justamente la existencia de un marco legal razonable y adecuado es condición necesaria para promover y consolidar el desarrollo.

Por ello, para hablar de seguridad jurídica debemos referirnos a instituciones sólidas, a legislación transparente, coherente y consolidada, y a jueces probos, veloces e independientes. No es en los textos de Keynes o Friedman donde se esconde el mayor secreto de la prosperidad económica y social, sino en las instituciones y en las leyes de un país, ya que sin ellos, no son posibles el desarrollo ni el aumento de la calidad de vida ciudadana.

Diciembre de 2007
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Julian Obiglio Fundación Nuevas Generaciones  
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Julian Obiglio