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Proyectos presentados por Julian Obiglio
Discurso sobre expropiación de Ciccone
22-08-2012

Presidente: Tiene la palabra el Diputado Julián Obiglio.

Sr. Obiglio.- Señor presidente: estamos ante un día histórico en la Argentina, porque es la primera vez que se va a expropiar a un privado que no se defiende y que no está presente para pedir que no lo expropien o, en todo caso, para defender sus derechos.

Lamentablemente, en los últimos tiempos hemos visto varias expropiaciones en la Argentina, lo que desde ya no es de mi agrado, pero hemos visto a todos los expropiados defenderse con todo lo que podían. Aquí no hay nadie que se defienda ni sabemos a quién estamos expropiando, lo que constituye un hecho histórico, no sólo en la Argentina, sino que también creo que será estudiado como antecedente en otras partes del mundo.

En primer lugar, me voy a referir a la situación judicial, que ha sido considerada como poco importante en este tema, pero yo estimo que es absolutamente relevante. Sólo haré una pequeña referencia al tema penal, porque se dijo que el vicepresidente Boudou no estaba nombrado en ningún lado y que no hay ninguna referencia a él en la causa penal. Solamente diré que la carátula de la causa penal es: “Boudou, Amado s/abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.” Creo que este mismo Boudou es el del Senado, por lo que me parece que hay algunas referencias al vicepresidente.

Más que a la causa penal, me referiré a la comercial, vinculada con la quiebra de Ciccone, convertida luego en concurso, ya que de aquí surgen todas las pruebas que van a la causa penal. Es muy importante ello para entender lo que está sucediendo: el gobierno se está haciendo cargo de la causa concursal, de la cual surgen todas las pruebas por las que luego se investiga al vicepresidente de la Nación en el fuero penal. Por ello me voy a referir a varios interrogantes que surgen de esa quiebra. Hubiera sido extremadamente interesante escuchar al titular del Juzgado Nacional en lo Comercial N° 8, al secretario o a cualquier funcionario de dicho Juzgado a fin de que alguno de ellos informara a los legisladores acerca de ciertas cuestiones vinculadas con esta quiebra, de modo que tuviéramos más argumentos para saber qué hacer en este caso en particular.

Lamentablemente, el bloque de la mayoría se negó a ello, y creo que debe tener sus motivos, porque cuando uno escucha todas estas incógnitas definitivamente se da cuenta de que nunca puede votar a favor de este tema. A continuación voy a mencionar cuáles son estos interrogantes:

Los legisladores de la Nación no sabemos cuál es el monto de la composición de la deuda que ha sido verificada en el concurso de acreedores de Ciccone; cuál es la deuda verificada por el Estado Nacional, es decir, la deuda que ha sido aceptada por ese juez de la Nación.

Tampoco sabemos cuáles son los otros acreedores ni qué acreedores tienen mayor privilegio que el Estado nacional, o sea, que deben cobrar antes que el Estado sobre los bienes de Ciccone; cuál es el acuerdo concursal homologado, es decir, cuál es el acuerdo al que llegaron los acreedores con Ciccone; cómo se va a pagar, cuáles son los montos y los plazos.

Desconocemos cuáles son los activos de Ciccone; si tiene inmuebles, automotores; cuántas máquinas y herramientas; cuál es la valuación de ese activo, todas herramientas que están en la causa concursal y que tiene en su poder la sindicatura del concurso. Cualquier abogado o estudiante de abogacía que haya cursado la materia Concursos y Quiebras sabe que toda esta información es esencial y no debería faltar.
Tampoco sabemos cuáles son los gastos de funcionamiento de Ciccone, que va a expropiar el Estado. Cuáles son los contratos en curso de ejecución, cuáles continuará el Estado; si ha contratado con el propio Estado, en cuyo caso éste pasa a ser contratado y contratante.

No contamos con el informe actualizado del síndico acerca del estado de situación de la sociedad. Tampoco sabemos cómo están los libros societarios y si existen; en qué condiciones se encuentra la documentación, la facturación; dónde está guardada la documentación de la empresa; qué cantidad de empleados tiene, qué sueldos cobran, qué costo mensual implican esos empleados del que luego se hará cargo el Estado de la Nación.

Desconocemos cómo está el legajo de la sociedad que figura agregado al concurso, que es llevado por la Inspección General de Justicia, y que se niega a los legisladores de la oposición.

Tampoco sabemos cómo ha sido el levantamiento de la quiebra. En este sentido, no tenemos información precisa del contrato con Boldt. Todo indica que cuando la empresa estaba en quiebra, se convocó a todas las empresas interesadas de la Argentina que quisieran ocuparse de dicha quiebra a fin de no perder los puestos de trabajo. La única que se presentó fue Boldt, y en ese momento el propio juzgado llamó a la Casa de Moneda y preguntó porqué no se presentaba el Estado Nacional para hacerse cargo de la situación en lugar de una empresa privada. La Casa de Moneda dijo que no le interesaba. Esto fue hace un par de meses. Me parece que cambiaron de opinión.

¿Cuáles son las consecuencias de la expropiación? La empresa seguirá concursada. Lo que el Estado deberá hacer es depositar el dinero que pague por la expropiación en la cuenta judicial del concurso. Es decir, esta empresa seguirá siendo fiscalizada por el juez del concurso, y el Estado no podrá disponer de ningún bien si no tiene autorización de la sindicatura y del concurso. Me gustaría saber si el Estado va a respetar la ley de concursos y quiebras y las facultades del juez, o va a violarlas como ya lo hizo con la intervención.  

El ministro de Economía ha dicho que no se pagará nada por la expropiación y que se compensará con el crédito que el Estado tiene contra la empresa concursada. Esto es un disparate total, porque hay otros acreedores que tienen derecho a cobrar antes que el Estado. ¿Qué van a hacer esos acreedores? Seguramente van a cobrarle al Estado. Es mentira que el Estado no va a pagar nada. Le va a cobrar Ciccone y le van a cobrar los acreedores de Ciccone que tienen un crédito mucho mayor al del Estado nacional. Esto es una aberración jurídica y económica absoluta. No sé en qué estaba pensando el que escribió esto.

Respecto al levantamiento de la quiebra, cuando el Fisco pidió la quiebra de Ciccone fue personalmente el titular de la AFIP con un escrito de cien fojas a explicarle al juez la importancia que tenía ese crédito. Es algo inédito que el titular de la AFIP vaya a explicarle a un juez la importancia de un crédito.

Tres meses después Ciccone pide el levantamiento de la quiebra. ¿Qué es lo que hace el Fisco? Presenta un escrito de una carilla y un solo párrafo en el que dice “presto conformidad con el levantamiento”. Esto no se entiende. Se emplearon cien fojas para fundar el pedido de quiebra y un solo párrafo para decir que estaban de acuerdo con el levantamiento.

Asimismo aquí hubo un plan de pagos que se acordó y firmó con Ciccone antes de pedir el levantamiento de la quiebra. Hay un error en lo que dijo la señora miembro informante. Justamente por eso se levantó la quiebra de Ciccone, porque se firmó este plan de pagos, con una tasa menor a la inflación y no sé a cuántos años de plazo.

Un tema aparte es la intervención del Poder Ejecutivo, que será tratada luego, cuando se analice el decreto de necesidad y urgencia, al que se referirá el diputado Tonelli. La intervención allí dispuesta no es menor y sólo se dio por decreto en gobiernos militares, y también se usó en el actual gobierno por el tema de Repsol.

Esa intervención viola la división de poderes, las facultades judiciales y la potestad del juez que interviene en la quiebra.

Esta no es una empresa cualquiera. Es una empresa que estuvo quebrada, que está concursada, que tiene un juez que conduce el concurso y un síndico que conduce la empresa. El Gobierno le dice a todos ellos “ustedes no importan, el que va a dirigir esta empresa es el Poder Ejecutivo”.

Esto viola la propiedad privada y el libre ejercicio de los derechos de los ciudadanos, y está en línea con la idea de ingresar a los barrios cerrados y levantar las barreras, como se dijo ayer. Todo va en el sentido de una violación permanente de la propiedad privada de los ciudadanos.

Termino refiriéndome a la famosa soberanía monetaria, a la que se hace referencia en los fundamentos del proyecto.

¿Hace diez años que el kirchnerismo gobierna la Argentina y recién hoy se vienen a acordar de la soberanía monetaria? Hace unos meses mandaban imprimir billetes a Brasil. ¿Dónde estaba la soberanía monetaria, si no les importaba hacer convenios con Brasil para imprimir billetes?

Aquí hay gran celeridad en el tratamiento del tema. Falta información y faltan argumentos para expropiar la empresa. Se avanza en la expropiación pese a que la propia Casa de la Moneda tiene capacidad para imprimir los billetes o comprar las máquinas. En todo caso, podrían haber expropiado únicamente las máquinas en lugar de todo el paquete accionario.

Todo esto demuestra que es una maniobra para esconder las huellas que han dejado funcionarios del gobierno en esta empresa y quitarle al juez del concurso el control de la causa de la que surgen todas las pruebas que van a parar al expediente penal.

Por todas estas razones vamos a votar en contra del proyecto. (Aplausos.)

CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN
Sesión 22-8-12
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Julian Obiglio Fundación Nuevas Generaciones  
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Julian Obiglio